El magistrado Héctor Carvajal envió una dura carta a la Sala Plena de la Corte Constitucional, reprochando que el presidente del tribunal, Jorge Enrique Ibáñez, "descalificara" la información remitida por Colpensiones para votar la recusación en su contra.

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Según Carvajal, la Corte por primera vez "interrumpió el traslado probatorio para tachar la prueba; descalificarla por la supuesta falta de requisitos, aunque no se habían exigido inicialmente; hacer nuevos requerimientos técnicos que no tienen ningún sustento legal; modificar el término e incluir nuevas exigencias de las pruebas solicitadas y fijar un término para su presentación y otro de traslado adicional, que no contempló el legislador". 

A finales de octubre, el magistrado Ibáñez solicitó a Colpensiones enviar los contratos que tuvo Carvajal con la entidad, con el fin de decidir si este quedaba inhabilitado para decidir sobre la Reforma Pensional.

No obstante, en un Auto del 6 de noviembre Ibáñez sostuvo que la información remitida por Colpensiones "no satisface los estándares mínimos de autenticidad, completitud e integridad exigidos por la normativa que regula la aportación de documentos para su valoración judicial".

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Lo que generó el rechazo del magistrado Carvajal es que haya sido rechazada esta información por exigencias que "no fueron requeridas en el auto de pruebas y lo remitido se ajusta a lo solicitado". 

Para Héctor Carvajal, exabogado del Presidente Gustavo Petro, esta actuación de la Corte Constitucional viola el mandato que consagra que "la buena fe se presume en todas las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas".

Acusó a Ibáñez de violar el debido proceso.